Han constatado que el número de custodias compartidas ha aumentado un 22% desde la entrada en vigor de la nueva ley, tanto de manera pactada como por mandato judicial. No obstante, la Asociación Custodia Compartida Alicante (ACCA) también se ha dado cuenta de que la aplicación de la normativa varía en función de cada órgano judicial. Con estos argumentos, el colectivo provincial, que suma 200 socios, acudió ayer a la Audiencia Provincial de Alicante a entregar a su presidente, Vicente Magro, el informe que han elaborado sobre esta problemática.
La norma, que lleva dos años vigente en la Comunitat Valenciana, tiene por objetivo, entre otros aspectos, garantizar «el derecho de los menores a que ambos progenitores participen por igual en la toma de decisiones que afecten a sus intereses». Sin embargo, la disparidad en la aplicación de la Ley 5/2011 de la Generalitat se pone de manifiesto, como se refleja en el escrito, debido a que tan solo hay juzgados específicos en materia de familia en Elche (uno) y en Alicante (dos).
Esta diferencia de criterios se traduce «en un gran abanico» de posibilidades en el tiempo que tarda en resolverse el conflicto judicial. Por ejemplo, «nos encontramos con que en un juzgado de familia solo se esperan dos meses en ejecutar medidas provisionales, mientras que por la misma resolución se está más de un año en un juzgado de instrucción o primera instancia», según se desprende del informe. Asimismo, el documento recoge jurisprudencia reciente del Supremo en favor de la tutela compartida.
Denuncias falsas
Mientras, tanto la presidenta del colectivo, Begoña Sánchez, como su vicepresidente, Alberto Travé, coinciden en el temor que surge en el núcleo de la familia paterna ante la posibilidad de que se interpongan «denuncias falsas de violencia de género». Este «uso fraudulento de la ley», indican, va más allá del padre y tienen constancia de casos «en los que se acusa a abuelos o tíos del menor por malos tratos». En algunos casos, afirman los responsables de la asociación, se trata de una forma de «presionar».
Desde ACCA insisten en que «los que se divorcian son los padres y no los hijos», por lo que llaman a la igualdad «de derechos y responsabilidades» de ambos progenitores.
No va al colegio ni tiene contacto con su padre desde hace siete meses. El 18 de diciembre de 2012, la Guardia Civil requirió a Miguel Ángel Fernández -vecino de Torrevieja- por una denuncia interpuesta por su exmujer acusándolo de propinarle una paliza. Desde entonces, este hombre de 34 años busca a su hijo. Tenía la custodia hasta ese fatídico día. Más tarde, los juzgados le han ido dando la razón y han archivado la causa por violencia de género. Sin embargo, Miguel Ángel tiene la fundada sospecha de que la expareja se ha llevado a Cristian, de 7 años de edad, a Italia, país en el que ha estado residiendo la mujer con anterioridad.
Al poco de nacer el joven Cristian, cuando contaba con tan solo tres meses y medio, es su padre quien se hizo cargo de su custodia. De hecho, Miguel Ángel cuenta con documentos firmados por ella en los que reconoce en 2006 y 2007 la potestad legal paterna.
La pareja se rompe, es su excompañera la que decide marcharse a Cuba y tras un nuevo paso por España, se traslada a Italia. No obstante, alegando una enfermedad le pide a Miguel Ángel volver a Torrevieja para ver a su hijo. Pocos días después interpone la denuncia contra él, «por la que me acusa de una paliza», y acto seguido a los abuelos paternos, de quienes dice que maltratan al menor. Esa causa no llegó a juicio tras lo relatado por el menor ante el juez.
Las medidas cautelares que se adoptan llevan a la mujer a una casa de acogida en Alicante en la que ya no se encuentra. «De un día para otro apartaron a mi hijo de la familia, con la que ha estado viviendo durante siete años, y de los amigos del colegio», lamenta Miguel Ángel, quien tuvo conocimiento de que Cristian había cambiado de centro escolar sin comunicación previa. Ante la policía y el juzgado de Violencia sobre la Mujer, la madre sostuvo que la agresión no fue tal, sino que los malos tratos se remontaban a 2005. Pese a ello, en el juicio oral reconoció que entonces se encontraba en Italia, tal y como se desprende de la sentencia por la que se absolvió a Miguel Ángel del delito de maltrato.
Búsqueda de la Guardia Civil
La madre interpuso una nueva denuncia por maltrato, que el instructor archivó. Ahora, la mujer está requerida por un presunto delito de sustracción de menores. El último movimiento de Miguel Ángel en la tarea por recuperar a su hijo ha sido denunciar a su expareja por la vía penal. De hecho, un juzgado de Torrevieja ordenó el 7 de junio de este mismo año que la Guardia Civil averiguase el paradero de la mujer, y poder así declarar como imputada.
El único contacto que ha tenido Miguel Ángel con la madre de Cristian ha sido a través de mensajes de teléfono móvil en los que «me dice es que mi hijo no quiere verme». Él tiene la sospecha, además de contar con un testimonio, de que la madre ha vuelto a Italia «donde ha huido». Su miedo principal miedo es que la madre decida marcharse a otro país como Estados Unidos, donde tiene familia en la ciudad de Miami. Por esa misma razón, el padre de Cristian tan solo espera que «haya más implicación para dar con mi hijo», con el que no ha podido hablar ni abrazarle desde el 18 de diciembre del año pasado.
Este padre de 34 años cuenta con el respaldo de sus vecinos y profesores donde su hijo ha cursado los estudios. En concreto, Miguel Ángel tiene recogidas un centenar de firmas de gente de la zona donde vivía el menor. En el escrito los firmantes reconocen la relación paterna. Su abogado ya ha solicitado igualmente que sea la Interpol la que inicie la búsqueda de madre e hijo.
