Afortunadamente, aún son mayoría los que disfrutan de una familia estable o han conseguido disolver su relación familiar mediante un acuerdo amistoso. Sin embargo, en nuestro País, cerca de la cuarta parte de los matrimonios acaban por romperse en situación de conflicto abierto. Esto viene favorecido por el completo desequilibrio legislativo que padecemos en esta materia, promovido por la Ideología de Género. Alcanzar un acuerdo se hace a menudo imposible si una de las partes (la mujer) sabe que le darán todo a ella si va por las malas. Cuando no hay consenso entre los cónyuges en el reparto, se hace necesaria la intervención de un árbitro externo. Esa función la ejerce el Estado y cuando cualquiera de los dos decide recurrir a su arbitraje, le concede el poder de decidir sobre las cosas más importantes de las vidas privadas de ambos, las de sus hijos, sobre sus bienes y sobre sus relaciones con el entorno familiar más próximo.
Desgraciadamente, el papel del Estado en ese arbitraje resulta catastrófico con demasiada frecuencia. En una Sociedad en decadencia que ha perdido sus valores morales, el “Género” se ha adueñado de ese Servicio público y lo ha transformado en negocio multimillonario a costa de nuestros impuestos y de los patrimonios de los afectados. El objetivo que se persigue es el negocio, por lo que la mujer, supuesta beneficiaria de la Ideología, a menudo resulta también gravemente perjudicada. En vez de poner paz y sentido común, se alimenta la discordia para mover aún más negocio, destrozando vidas enteras. Casi todos los grupos familiares de este País tienen algún varón divorciado que ha terminado en una situación lamentable e injusta, que no le queda ni para comer, no puede ver a sus hijos y hasta pasó por el calabozo o la cárcel. Hay cientos de miles de situaciones sin pies ni cabeza, como la que sufre Cesar Algarra Navarro y nos quiere exponer como ejemplo.
Cesar, vecino de Liria (Valencia) estaba casado con Nadia Yoakim, libanesa nacida en Beirut, donde vive su familia, pero con pasaporte de la Unión Europea por Grecia. Ella pronto comenzó a demostrar la calidad de sus valores morales interrumpiendo voluntariamente los embarazos que se producían, uno de ellos gemelar, alegando que Cesar no ganaba suficiente dinero. Tras más de 3 años de convivencia, por fin aceptó la insistencia de Cesar para que no los abortara, y así consintió dejar nacer a la niña que ha terminado siendo el objeto de de la contienda en la que han quedado atrapadas sus vidas. Haciendo verdad esa norma que dice que tu peor enemigo está siempre dentro de casa, cuando estaban celebrando el bautizo de la niña en el año 2.001 en Beirut, Cesar descubrió que Nadia y su hermano Rogelio estaban “liados”.
Como cabe suponer, el choque emocional fue tremendo, la pareja quedó rota de inmediato, Cesar quedó conmocionado y su entorno familiar (el español) volcado contra Nadia y Rogelio. Hasta el año 2.006 no hubo serenidad como para completar un divorcio legal de común acuerdo, que concedió la custodia a la madre y visitas al padre en un ambiente muy hostil. A pesar de las sospechas evidentes sobre la autoría de la paternidad, Cesar la asumió mientras no consiguiera que le permitiesen comprobarlo. Como consecuencia de toda esta tragedia, su capacidad económica se derrumbó y tuvo que recurrir a una justicia gratuita con la que no tuvo suerte en el reparto. Es ley de vida que para muchos letrados sea más fácil seguir la corriente a un “sistema” que crucifica al hombre por norma, pero debería ser alcanzable el poder sancionar y excluir para el turno de oficio en Familia a aquella abogado que tuvo que rechazar porque, declarándose lesbiana y hembrista (neofeminista radical) se rió de Cesar y de su desgracia en su cara.
En el 2.007, Cesar se fue para Francia probando fortuna, pero un año después tuvo que volver sin resultados, por una lesión que precisó operación y lo mantiene impedido para su trabajo en la construcción. A partir de entonces le resultaba imposible poder ver a la niña en sus turnos para llevarla con los abuelos y desde Julio de aquel mismo año no la han vuelto a ver ninguno de ellos.
La niña estaba viviendo en la casa de su hermano Rogelio, que la tenía empadronada en la casa como hija suya, pero Nadia estaba domiciliada en el antiguo domicilio familiar (que en realidad estaba desierto) En el año 2.008 y 9, Cesar denunció el secuestro de la menor y la obstrucción a las visitas, pero el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Liria lo rechazó, dando por buena una razón tan absurda como la de que Rogelio no tenía patria potestad como para tener que responsabilizarse de entregarla en ausencia de la madre.
La disputa entre Cesar queriendo ver a la niña para llevarla con los abuelos y Nadia queriendo cobrar la pensión de alimentos, continuaba encendida. En 2.010, él puso en marcha un procedimiento de modificación de medidas pidiendo que se le asignase un régimen de visitas. Ella decidió contraatacar denunciándole por maltrato, alegando unas amenazas que decía que le había enviado vía SMS a su móvil, justo en el preciso momento que se encontraba en la Fiscalía ¡Qué casualidad! En cuanto presentó la denuncia le hizo pasar hasta 3 veces por el calabozo, pero lo más importante era que de esa manera consiguió que traspasaran el asunto del Juzgado de Familia al de Violencia Contra la Mujer, donde su abogada sabía que jugaban en casa.
Añadió en la denuncia un incidente ocurrido 3 meses antes, cuando Cesar se personó en el colegio para intentar ver a la niña y preguntar por su marcha escolar. Se había hecho acompañar por otro hermano suyo, así como por la Policía Municipal y la Guardia Civil, a sabiendas de que sería denunciado. Ella llamó a Rogelio y a su amigo Vassilios Katselis, presidente de la Comunidad Griega de Valencia. Ni en el atestado de la Policía ni en la denuncia que presentó Nadia inmediatamente después se hacía alusión a las amenazas que después se alegaron.
La juez Susana Montesinos Blanco, al frente del Penal nº 11 de Violencia Contra la Mujer de Valencia, no se molestó en evitar la apariencia de que tenía la intención premeditada de condenar a Cesar desde el principio, que hizo patente cuando decidió rechazarle el testimonio de la Policía y del otro hermano para demostrar su inocencia, pero admitió el de Vassilios, el amigo griego de Nadia. Tuvo que denunciar al notario de Nadia por haber dado fe fálsamente de que aquel SMS era de Cesar, para conseguir que le admitieran el informe de Telefónica asegurando que él no le había enviado ninguno. Sin embargo se negó a investigar el posible delito de Rogelio por falsificar el dichoso mensaje, afirmando que él no podía haber sido porque so sabía hacerlo, cuando había quedado acreditado que es un informático profesional con 30 años de experiencia, que se ofrece como programador exponiendo su currículum en la Red.
También le hicieron pasar por una ridícula peritación psico-social en la que dictaminaron que a él no le importaba nada la niña, tan sólo porque se negó a rellenar un test que formaba parte del formulario de adopción internacional para demostrar que era apto para poder ver a su hija, aunque fuera española. La psicólogo del “gabinete de Género”, llegó a insinuarle la amenaza de que podía ser acusado de abusar sexualmente de la menor si se negaba a obedecer sus indicaciones.
Después de un largo y penoso calvario judicial, con varios procesos y apelaciones, le quitaron la patria potestad de la niña, lo condenaron a 9 meses de cárcel o multa de 600 €, y a tener que realizar un curso para maltratadores, de esos que imparten las activistas de Género y la Administración remunera tan generosamente, bajo multa de 6.000 € o cárcel si no lo seguía. Esta última condena le pareció inaceptable, pero como resultó ser ilegal, no pudieron sancionarlo por incumplirla, a pesar del berrinche de la Fiscalía.
Ahora que la niña va a cumplir 15 años de edad, está volcada en su contra y lleva unos 9 años sin verla, está esperando recibir la sentencia por la última denuncia penal que le ha puesto Nadia por impago de pensiones. Asombrosamente, sea por culpa del shock emocional, de sus abogados de oficio o de que nunca resultaba ser procedente al proceso judicial en curso, aún no ha podido solicitar la prueba de paternidad, así que todavía no sabe si la hija es realmente suya o de su hermano Rogelio. Sin embargo puede llegar a tocarle una pena de hasta un año de cárcel por no haber podido pagar, a pesar de que siempre ha estado en el paro.
La pregunta que corresponde plantearse al final de esta historia es por qué las Instituciones protegen conductas tan despreciables como la de Nadia y Rogelio y permiten que una menor sea sacrificada privándola de su familia paterna. La respuesta parece bien clara: Así se ha movido mucho más dinero que poniéndola en orden desde el principio.
