Esta mañana, a las puertas del Juzgado de Jerez, mientras los medios entrevistaban a mis representados, afectados de la trama de bebés robados en Cádiz, un hombre se me ha acercado y me ha contado su historia. Escalofriante.
Era un hombre sencillo, tranquilo, afable, de unos 40 años y con aspecto de persona normal. Salía del Juzgado de Violencia cabizbajo y se me acercó -sin conocerme- para contarme que estaba siendo víctima de denuncias falsas de su exmujer, que buscaba los beneficios concedidos a las “víctimas” de estos presuntos delitos.
Soy consciente de que lo que me contó puede o no ser cierto; pero, en todo caso, tengo la certeza -yo mismo he sido testigo en mi despacho- de que en numerosas ocasiones se hace un uso abusivo e interesado de la Ley, y se interponen denuncias falsas por delitos de violencia “de género” en lo que el único objetivo es una posición de mayor fuerza para negociar un convenio o un instrumento para articular una venganza.
Desde UPyD consideramos necesario abordar una reforma de la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, para alcanzar el principio de igualdad y la no discriminación por razón de sexo que consagra la Constitución Española de 1978. Lo que en el siglo XXI debiera parecernos elemental, se ha transformado hoy en un desequilibrio en favor de la mujer que ha acabado motivando denuncias falsas y abusos amparados en esa desigualdad. Una asimetría que no favorece a nadie más que a quien quiere abusar de la Ley y articular su peculiar estrategia con las potentes armas que ésta le confiere.
Por ello, entendemos que debe reformularse la Ley eliminando todo trato asimétrico en función del sexo, y deben suprimirse los Juzgados “de género”.
También creemos que debe aprobarse una Ley Nacional de custodia compartida, como opción preferente que armonice la regulación legal de la misma en el conjunto del Estado y que garantice la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles.
En definitiva, se trata de igualdad, de protección de los derechos de todos, corrigiendo las injusticias que hoy sufre el varón por el mero hecho de serlo, y primando el interés de los menores como bien superior, auténticas víctimas en más de una ocasión del trato asimétrico de una Ley injusta.
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