Un juzgado de Sevilla ha admitido a trámite la querella de una inmigrante boliviana que acusa a la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de varios delitos, por haber acordado la retirada de la custodia de sus tres hijas con informes que incluían datos "falsos" respecto a que maltrataba a las menores, que tenía antecedentes penales y que ejercía la prostitución. La querella relata las "continuas amenazas y torturas" de los servicios de Protección para que firmara un documento de reconocimiento de los hechos, a cambio de no retirarle a una nieta recién nacida, una actuación que califica de "tortura psicológica". La denuncia se dirige contra el delegado provincial de Igualdad en Sevilla, Manuel Gálvez, así como contra la jefa del servicio de Protección de Menores, Inmaculada Dugo, los miembros de un equipo técnico de este mismo servicio y varias trabajadoras sociales, y considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos de falsedad en documento público, prevaricación, torturas y abandono de menores.
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