Ilma Sª:
Nos ponemos en contacto con Vd. como representantes de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva, así como de la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida, con objeto de hacerle llegar unas reflexiones que nos han parecido muy oportunas dado el intenso debate social que en los últimos meses se está generando en torno a la gestión de las rupturas matrimoniales en nuestro país, en especial respecto a los casos en los que existen hijos en común.
Como Vd. sabe, diversos parlamentos autonómicos han aprobado recientemente (o están en vías de hacerlo) nuevas normas que regulan la custodia compartida de los hijos como el escenario familiar prioritario desde el punto de vista de la protección del interés superior del menor, al garantizar el mantenimiento fluido y cotidiano de sus relaciones con sus dos progenitores, así como con los distintos miembros de sus familias extensas, lo cual redunda, de acuerdo con numerosos estudios internacionales, en un indudable beneficio para su bienestar emocional y su desarrollo integral.
Hace ya más de cuatro meses, en septiembre pasado, el Senado acordó crear una ponencia de estudio sobre la necesidad de modificar la última Ley de Divorcio, todo ello como consecuencia de la moción presentada por el Partido Popular y aprobada por la Cámara Alta en julio. Desafortunadamente, el plazo para emitir las conclusiones de la ponencia ya ha finalizado y sin embargo ésta todavía no ha dado comienzo. No podemos evitar pensar que este bloqueo pueda tener que ver con la obstinación del gobierno (cuyo partido preside la Mesa del Senado) en impedir que la legislación avance en la dirección que nuestra sociedad viene demandando desde hace años de forma clamorosa. Es por esto que los parlamentos autonómicos no han tenido más remedio que tomar la iniciativa ante la indolencia que el gobierno central ha demostrado una y otra vez respecto a la gravísima y devastadora problemática familiar que comporta un proceso de divorcio, imposible de gestionar con garantías de reconducir a las familias españolas hacia su propia felicidad y armonía, al sustentarse en normas que están anticuadas, que son fuera de toda duda discriminatorias y que sobre todo, lesionan los derechos fundamentales de los hijos. De este modo, no resulta de extrañar que cada vez sea más larga la lista de profesionales de la judicatura que han tomado la iniciativa presentando cuestiones de constitucionalidad a la última Ley de Divorcio.
Como en otras cuestiones que afectan a la vida familiar, parece obvio que la ideología del gobierno, que a menudo obedece a razones electoralistas, pretende anteponerse a la necesidad de abordar medidas urgentes que devuelvan a las familias españolas su debilitado papel vertebrador de una sociedad que vive cada vez más lejos de la armonía, el equilibrio y la concordia. Una ideología que pretende, sin cientificidad alguna, reprimir la actuación de los profesionales que cada día se acercan a la difícil realidad del divorcio. Tal es el caso del Síndrome de Alienación Parental, cuya conveniencia sobre su análisis dentro del ámbito forense del derecho de familia fue avalada sin ambages, hace tres años, nada menos que por la Coordinadora de Psicología Jurídica del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, a través de un comunicado en el que reconoce que los investigadores y los psicólogos muestran gran consenso al considerarlo como una alteración cognitiva, conductual y emocional, en la que el niño desprecia y critica a uno de sus progenitores, añadiendo que no puede ser negado "a priori", cuando existe literatura científica y actividad profesional que lo describe, y reconoce su utilidad. Cabe señalar en este apartado, que la oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid editó hace varios años una guía sobre el SAP bajo la dirección de Pedro Núñez Morgades. De igual modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictado varias sentencias declarando expresamente que los Tribunales deben averiguar si el SAP está presente y determinar sus consecuencias para el desarrollo del hijo. Incluso algunos países, como Brasil, cuentan ya con una regulación específica que reconoce y sanciona penalmente el SAP.
Sin embargo, a los políticos ideólogos de género no se les ocurre otra perla que proponer que el SAP no se acepte como argumento judicial en los procesos de divorcio, para que los escenarios de manipulación sobre los niños campen a sus anchas en el seno de las familias españolas, saltándose a la torera la opinión de los profesionales, que asisten atónitos a un espectáculo lamentable de intrusismo de Estado, reforzado por determinadas asociaciones generosamente subvencionadas en el marco de una relación simbiótica de poder.
Desde las entidades que representamos, que integran a decenas de asociaciones no subvencionadas de toda la geografía española, estamos convencidos de que ha llegado el momento de apostar sin ambages por una reforma legislativa que devuelva a la familia al lugar que le corresponde, que reconozca la custodia compartida como un derecho fundamental de los hijos y que respete de forma escrupulosa y sin injerencias la labor diaria de los profesionales de la Judicatura y la Psicología. Es por ello que deseamos invitarle a participar con nosotros en esta tarea divulgativa, a través de jornadas y conferencias que organizamos regularmente en distintos lugares de España y que sin duda permiten canalizar esta innegable demanda social al legislador.
A tal fin, puede contactar con nosotros a través de los teléfonos y direcciones que figuran en el encabezado.
Con toda nuestra consideración, reciba un atento saludo.
Pilar Marco
Portavoz de UEFACC
José Antonio Caparrós
Presidente de FADIE
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