viernes, 29 de octubre de 2010

El Gobierno quiere retirar la custodia a los maltratadores

¿y a las maltratadoras?


El Gobierno pretende que los niños sean considerados víctimas de violencia de género en igualdad de condiciones que sus madres maltratadas y, por tanto, que los agresores condenados pierdan la custodia de los hijos o al menos sufran restricciones en el ejercicio de la patria potestad. Es lo que aseguró ayer la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín...


comentario:

Cualquier cosa que proceda de Pajín me produce desasosiego por la falta de formación de esta muchacha.

Para empezar si a todo condenado por violencia de género se le retira automáticamente la patria potestad o la guarda de menores incidiríamos todavía más en la indefensión jurídica de muchos padres por la aplicación de este engendro jurídico que es la ley de violencia de género.

Actualmente, de facto o por decisión judicial, todos los agresores por violencia de género tienen restringidos parcial o totalmente los derechos de patria potestad o custodia de sus hijos. Por ejemplo, los padres encarcelados difícilmente pueden ver a sus hijos y los que tienen medidas de alejamiento, otro tanto de lo mismo.

Además, todos los delitos o faltas de violencia de género son castigados siempre con penas de prisión y la ley contempla, si el juez lo considera oportuno, la "inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años".

Y estos castigos se aplican no sólo a los actos considerados como delitos (es decir, las agresiones físicas) sino también a faltas (pena de seis meses de prisión) como el "menoscabo píquico" (art. 37 de la ley y 153 del Código Penal), las amenazas leves (art. 38 de la ley y 171 del Código Penal) y las coacciones leves (art. 39 de la ley y 172 del Código Penal). Abundando más en lo dicho, los artículos 65 y 66 de la ley contemplan la suspensión de la patria potestad o de la guarda y custodia, así como de las visitas a los descendientes.

Precisamente, el gran fallo de la ley ha sido meter en el mismo saco a las agresiones reales (su penalización es lógica jurídica y moralmente) y a conductas que, si bien pudieran ser reprobables desde el punto de vista moral, no encajan bien con un sentido equitativo de la justicia.

Por otro lado, ¿se ha reducido efectivamente la violencia desde la aplicación de la ley? Me parece que no, más bien todo lo contrario. Por eso, me parece que endurecer la ley responde más a una intencionalidad electoral o, simplemente, a distraer al personal de lo verdaderamente importante. Es decir, no estamos hablando de justicia, es otra cosa.